Situación general de los mercados
Los aspectos más destacables desde una óptica económica quedan sintetizados en los siguientes puntos:
1- Las expectativas globales han mejorad, sobre todo, en EEUU. Las previsiones para el crecimiento mundial en 2011 solo contemplan una suave desaceleración respecto a 2010 (3,3% frente a 3,8%)
2- Este dato sigue ocultando grandes diferencias entre los países desarrollados (2,0% estimado) y los emergentes (5,5%).
3- En EEUU, mejoran las previsiones de crecimiento, que podría situarse cerca del 3,0%, a la vez que empeoran las de déficit publico.
4- En la UEM persisten las divergencias entre países. En el 4T10 se habrá registrado un crecimiento modesto (0,4% estimado), pero muy desigual: en Alemania estimamos que puede superar el 0,7%, mientras que los países periféricos continuarán estancados.
En España, en un contexto de estancamiento de la actividad, el aspecto positivo es que prosigue la corrección de los elevados desequilibrios, entre los que destaca el ajuste del mercado de la vivienda
Un PLAN DE PENSIÓN es una modalidad de ahorro cuyo objetivo es complementar la pensión que se recibe en el momento de la jubilación, no siendo sustitutiva de esta última y que permite, pasado un tiempo, recuperar el valor de lo invertido más los rendimientos que haya generado en ese período.
Generalmente, esos ahorros se invierten en un fondo (fondo de pensiones) con una serie de gratificaciones fiscales específicas. La cantidad de capital invertido por un ahorrador y que forma parte del fondo se denomina unidad de cuenta. El valor de la unidad de cuenta de un plan de pensiones se determina, diariamente y se calcula dividiendo el patrimonio total del fondo, donde se invierte, entre el número total de unidades de cuenta.
Quien se encarga de gestionar el dinero se denomina entidad gestora. Dicha entidad es la responsable y la encargada de controlar las cantidades invertidas en el plan, así como de informar a los partícipes de cómo evoluciona el valor del fondo. Una entidad gestora debidamente constituida debe estar inscrita en la Dirección General de Seguros (DGS) y debe tener la autorización de la Administración para poder operar. Existen mecanismos de supervisión para garantizar la eficacia de la gestión. El más corriente es la constitución de una comisión de control, que está formada por los propios partícipes del fondo. Si no se estuviese de acuerdo con la gestión del patrimonio, se podrían llevar a cabo las acciones legales correspondientes.
Donde se deposita el dinero, es la entidad depositaria.
La gestión de estas participaciones acarrea una serie de gastos en forma de comisiones que suelen ser
- Comisión de gestión, que es la que nos cobra la entidad gestora por remuneración de sus servicios, esta cantidad se deduce diariamente del valor de la unidad de cuenta del plan de pensiones. La comisión de gestión máxima aplicable es del 2% anual calculado sobre el patrimonio del plan.
- Comisión de depósito, que es la que cobra la entidad depositaria por el mantenimiento y custodia de los valores. De igual manera que ocurre con la comisión de gestión esta cantidad se deduce diariamente del valor unidad de cuenta del plan de pensiones. La comisión de depósito máxima aplicable es de un 0,5% anual calculado sobre el patrimonio del plan.
La legislación actual no permite cobrar comisión distinta a las anteriores en un plan de pensiones.
En un plan de pensiones hay una cantidad mínima que la entidad gestora exige aportar. Dicha cantidad se denomina aportación mínima y aunque no hay fijada una cantidad mínima la finalidad de la aportación mínima es evitar trámites administrativos que repercutirían negativamente en la rentabilidad final del plan. En la mayoría de los planes existen cláusulas por las que el partícipe se compromete a desembolsar de manera periódica a favor del plan.
Fiscalidad sobre las Aportaciones
Toda aportación al Plan de Pensiones desgrava sobre la Base Imponible del partícipe. Esto quiere decir, que toda la aportación anual se resta integra de la Base Imponible del titular en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.), por lo que en la practica, Hacienda, devuelve un alto porcentaje de la aportación en el siguiente año fiscal.
Desde la reforma fiscal del 1 de enero de 2007, se establecen unos importes máximos anuales en las aportaciones, siendo de 10.000 euros para los menores de 50 años y de 12.500 euros para los partícipes de 50 años inclusive en adelante.
Fiscalidad sobre el Rescate
El Plan de Pensiones no es un producto líquido, es decir, no se puede rescatar salvo unos casos muy puntuales, como son la Jubilación, el Fallecimiento del partícipe y los llamados Supuestos Especiales de Liquidez:
- Invalidez Absoluta y Permanente del Partícipe.
- Paro prolongado (más de dos años).
- Enfermedad grave.
(Para una mayor información sobre los Supuestos Especiales de Liquidez de los Planes de Pensiones, consúltese la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social).
FORMAS DE RESCATE
Existen tres formas de rescatar los derechos consolidados de los Planes de Pensiones: en forma de capital, en forma de renta y en forma mixta (combinación de las dos anteriores).
- Rescate en forma de capital: Esta opción consiste en recuperar todos los derechos consolidados en un sólo pago. Todas las aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2006 tienen una exención fiscal del 40%; las realizadas posteriormente, no tienen ningún tipo de exención. Como el cobro se realiza de una sola vez, el partícipe ese año asumirá una gran carga fiscal, pudiendo llegar al tramo máximo del 43% para cantidades importantes.
- Rescate en forma de renta: Esta opción consiste en recuperar todos los derechos consolidados en pagos diferidos mediante la constitución de un seguro de rentas. El impacto fiscal no es tan fuerte como en el caso de rescate en forma de capital, ya que el partícipe sólo tributará ese año por el importe recibido. El resto de los años seguirá tributando al tipo pertinente hasta la finalización de la renta.
- Rescate en forma mixta: Consiste en combinar las dos anteriores, rescatando una parte en forma de capital y la otra en forma de renta.
Las prestaciones de planes de pensiones tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como rendimiento de trabajo, estando así sujetos a retención fiscal.
En base a la legislación vigente, solo se aplica reducción fiscal (40%) a las prestaciones en forma de capital y a la parte de prestación generada por las siguientes aportaciones:
- Realizadas hasta la fecha de jubilación, si la fecha reconocimiento de la jubilación por la Seguridad Social es anterior al 01/07/2006 y siempre que hayan transcurrido mas de dos años entre a primera aportación y la fecha de jubilación.
- Realizadas antes del 1/01/2007, si la fecha reconocimiento de la jubilación por la Seguridad Social es posterior al 01/07/2006, y siempre que hayan transcurrido mas de dos años entre la primera aportación y la fecha de jubilación.
En ambos casos la parte de prestación generada por aportaciones realizadas a partir del día 1/01/2007 no tiene reducción fiscal.
- La legislación fiscal vigente determina así una “reserva fiscal” que podrá aplicarse en cualquier momento siempre y cuando no se haya aplicado con anterioridad a cualquier otra prestación por jubilación en otro plan de pensiones.
- Un plan de pensiones abierto con posterioridad al reconocimiento de la jubilación, no puede, con carácter general, generar una prestación por jubilación.
La complicada situación que atraviesa la economía ha aumentado la polémica politica de nuestro país
Ministros y diputados aseguraron esta mañana ser poseedores de planes de pensiones privados como el que ayer reveló que tenía el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que, de hecho, aconsejó a los españoles hacerse uno para compensar la merma de ingresos que supone la pensión de jubilación. En la misma línea, su colega de Industria, Miguel Sebastián, defendió hoy que tener uno no debe ser "tan malo" cuando todos los gobiernos lo incentivan fiscalmente.
La recomendación lanzada por Corbacho ha provocado un reguero de declaraciones por parte de diversos ministros y diputados en los pasillos del Congreso. Zapatero, que por su condición de presidente del Gobierno tiene garantizada una pensión vitalicia, fue el primero en hablar cuando se le preguntó. "¿Tiene usted un plan de pensiones privado?". "No", respondió lacónicamente.
No obstante, algunos de sus ministros sí dijeron tener contratado uno, como también ha reconocido en una entrevista la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. En el congreso lo han dicho los titulares de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa; de Vivienda, Beatriz Corredor, y de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, quien llegó a señalar que tener un plan privado de pensiones no debe ser "tan malo" cuando todos los gobiernos, con independencia de su adscripción política, lo bonifican "de forma generosa" con incentivos fiscales.
Por el contrario, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó que tiene contemplada "exclusivamente" la pensión pública, al igual que la titular de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quien dijo entender que sus compañeros ministros tengan uno privado "como cualquier otro ciudadano" que hace sus previsiones de futuro como considera. "Es una forma de ahorrar", apuntó. Su compañero de Fomento, José Blanco, dijo que su pensión la fía al Congreso.
Las Cortes Generales contemplan un complemento de jubilación que garantiza llegar a la pensión máxima habiendo sido diputado o senador un mínimo de once años. También hay un Plan de Previsión Social al que se destina el 10 por ciento de la asignación constitucional que reciben.
Más reacios a comentar públicamente si poseen o no un plan privado de pensiones se mostraron el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, quien llegó a decir que su vida privada "no interesa", y la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, que únicamente se limitó a comentar que lleva cotizando a la Seguridad Social desde los 22 años y que cuando deje de trabajar cobrará su correspondiente pensión pública sin necesidad tan siquiera de la compensación como ex ministra.
UN PLAN EN CUANTO LLEGÓ CORBACHO A TRABAJO
Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, desveló tener suscrito un plan de pensiones privado "muy bajito" desde que empezó a trabajar en la Administración Pública, si bien indicó que tiene intención de hacer "un mayor esfuerzo de ahorro" tras escuchar ayer a Corbacho. También dijo tenerlo el secretario general, José Luis Ayllón, pero "no desde hace mucho tiempo, más o menos desde que Corbacho es ministro de Trabajo", y la diputada y secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, Celia Villalobos, que incluso prepara uno para sus hijos.
Tanto ella, como el diputado Vicente Martínez Pujalte y el responsable económico del Grupo Popular, Cristóbal Montoro, aprovecharon para criticar al Gobierno por estar infundiendo "miedo" a los ciudadanos sugiriendo la conveniencia de contratar planes privados y para censurar que Corbacho realice este tipo de declaraciones "sin hacerse cargo de su responsabilidad". "Lo mejor para garantizar las pensiones es empleo, empleo y empleo", resumió Pujalte.
600 EUROS AL MES
Desde CiU, su portavoz, Josep Antoni Duran i Lérida, dijo tener firmado un plan privado en el que dijo que "simplemente" mete 600 euros mensuales --"mi plan es escaso y, si pudiera, lo reforzaría", llegó a decir-- y recomendó a "todo el mundo que pueda" que siga su ejemplo para complementar su pensión.
En esta misma línea, su homólogo del PNV, Josu Erkoreka, aconsejó suscribir uno "pero no por desconfianza en las pensiones públicas, sino porque, por la evolución demográfica, puede hacer que la cuantía no supere el nivel mínimo de dignidad".
Desde IU, Gaspar Llamazares también dijo tener un plan privado de pensiones pero, en su caso, no aconseja a los ciudadanos que contraten uno porque su rentabilidad es menor a la de un bono del Estado y porque, según destacó, la mayoría han perdido "entre un 20 y un 30 por ciento del capital inicial". Además, aprovechó para instar al ministro de Trabajo a que defienda las pensiones públicas "y no tanto las privadas".
COMPLEMENTO VOLUNTARIO
La líder de UPyD, Rosa Díez, indicó que contrató un plan de pensiones en los noventa y que hace "mucho tiempo" que dejó de capitalizarlo, pero en todo caso abogó por la necesidad de que la Seguridad Social garantice una pensión "digna, y que lo demás sea algo complementario pero no necesario".
Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Ridao, reveló que no tiene contratado un plan privado porque no lo necesita ya que lleva años trabajando como abogado, profesor y ahora como parlamentario.
La recomendación lanzada por Corbacho ha provocado un reguero de declaraciones por parte de diversos ministros y diputados en los pasillos del Congreso. Zapatero, que por su condición de presidente del Gobierno tiene garantizada una pensión vitalicia, fue el primero en hablar cuando se le preguntó. "¿Tiene usted un plan de pensiones privado?". "No", respondió lacónicamente.
No obstante, algunos de sus ministros sí dijeron tener contratado uno, como también ha reconocido en una entrevista la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. En el congreso lo han dicho los titulares de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa; de Vivienda, Beatriz Corredor, y de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, quien llegó a señalar que tener un plan privado de pensiones no debe ser "tan malo" cuando todos los gobiernos, con independencia de su adscripción política, lo bonifican "de forma generosa" con incentivos fiscales.
Por el contrario, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó que tiene contemplada "exclusivamente" la pensión pública, al igual que la titular de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quien dijo entender que sus compañeros ministros tengan uno privado "como cualquier otro ciudadano" que hace sus previsiones de futuro como considera. "Es una forma de ahorrar", apuntó. Su compañero de Fomento, José Blanco, dijo que su pensión la fía al Congreso.
Las Cortes Generales contemplan un complemento de jubilación que garantiza llegar a la pensión máxima habiendo sido diputado o senador un mínimo de once años. También hay un Plan de Previsión Social al que se destina el 10 por ciento de la asignación constitucional que reciben.
Más reacios a comentar públicamente si poseen o no un plan privado de pensiones se mostraron el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, quien llegó a decir que su vida privada "no interesa", y la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, que únicamente se limitó a comentar que lleva cotizando a la Seguridad Social desde los 22 años y que cuando deje de trabajar cobrará su correspondiente pensión pública sin necesidad tan siquiera de la compensación como ex ministra.
UN PLAN EN CUANTO LLEGÓ CORBACHO A TRABAJO
Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, desveló tener suscrito un plan de pensiones privado "muy bajito" desde que empezó a trabajar en la Administración Pública, si bien indicó que tiene intención de hacer "un mayor esfuerzo de ahorro" tras escuchar ayer a Corbacho. También dijo tenerlo el secretario general, José Luis Ayllón, pero "no desde hace mucho tiempo, más o menos desde que Corbacho es ministro de Trabajo", y la diputada y secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, Celia Villalobos, que incluso prepara uno para sus hijos.
Tanto ella, como el diputado Vicente Martínez Pujalte y el responsable económico del Grupo Popular, Cristóbal Montoro, aprovecharon para criticar al Gobierno por estar infundiendo "miedo" a los ciudadanos sugiriendo la conveniencia de contratar planes privados y para censurar que Corbacho realice este tipo de declaraciones "sin hacerse cargo de su responsabilidad". "Lo mejor para garantizar las pensiones es empleo, empleo y empleo", resumió Pujalte.
600 EUROS AL MES
Desde CiU, su portavoz, Josep Antoni Duran i Lérida, dijo tener firmado un plan privado en el que dijo que "simplemente" mete 600 euros mensuales --"mi plan es escaso y, si pudiera, lo reforzaría", llegó a decir-- y recomendó a "todo el mundo que pueda" que siga su ejemplo para complementar su pensión.
En esta misma línea, su homólogo del PNV, Josu Erkoreka, aconsejó suscribir uno "pero no por desconfianza en las pensiones públicas, sino porque, por la evolución demográfica, puede hacer que la cuantía no supere el nivel mínimo de dignidad".
Desde IU, Gaspar Llamazares también dijo tener un plan privado de pensiones pero, en su caso, no aconseja a los ciudadanos que contraten uno porque su rentabilidad es menor a la de un bono del Estado y porque, según destacó, la mayoría han perdido "entre un 20 y un 30 por ciento del capital inicial". Además, aprovechó para instar al ministro de Trabajo a que defienda las pensiones públicas "y no tanto las privadas".
COMPLEMENTO VOLUNTARIO
La líder de UPyD, Rosa Díez, indicó que contrató un plan de pensiones en los noventa y que hace "mucho tiempo" que dejó de capitalizarlo, pero en todo caso abogó por la necesidad de que la Seguridad Social garantice una pensión "digna, y que lo demás sea algo complementario pero no necesario".
Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Ridao, reveló que no tiene contratado un plan privado porque no lo necesita ya que lleva años trabajando como abogado, profesor y ahora como parlamentario.
EUROPA PRESS
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